Destruir la Amazonía con permiso del Estado: el absurdo burocrático detrás de la contaminación por mercurio

Cuando el fiscal ambiental Carlos Chirre y su equipo llegaron al puerto tras destruir 15 dragas ilegales en el río Colorado (Madre de Dios), no encontraron a la justicia, sino a una turba. Unas 80 personas armadas con palos los acorralaron, quemaron sus botes y los amenazaron de muerte. “Así interdicta el pueblo”, le gritó una de las mujeres que lideraba el motín.

Esta escena, documentada en un extenso reportaje de Mongabay Latam, ilustra una cruda realidad: el Estado peruano ha perdido el control del territorio. La fiebre del oro no se detiene. Según advierten en AP News, la minería ilegal se está desbordando hacia nuevas zonas de la selva peruana, como la provincia de Tambopata y rincones vírgenes de Madre de Dios, dejando a su paso selvas devastadas y ríos convertidos en lodazales tóxicos.

Nadie está a salvo. La histórica estación científica Panguana —con más de 60 años operando en Huánuco— ha sido cercada por retroexcavadoras que operan día y noche. Las amenazas de muerte contra el personal científico obligaron a evacuar la zona. El investigador Eric Cosio advierte sobre la magnitud de este enemigo: el grado de sofisticación logística de estos mineros supera ampliamente al del narcotráfico. Operan a plena luz del día, extrayendo oro a mediana escala y a la vista de todos.

La gran trampa legal. Los afluentes son bienes públicos e intangibles, pero el propio Estado es quien ha facilitado su invasión. Según la investigación, existen al menos 215 concesiones mineras vigentes que atraviesan cinco de las principales cuencas de la región. El truco legal es perverso: aunque el título de concesión no autoriza a extraer el mineral sin haber obtenido previamente los permisos ambientales, en la práctica basta con tener ese papel en la mano para instalar dragas y engañar a las comunidades indígenas, afirmando que el Estado les ha otorgado ese derecho.

Pero el escudo definitivo de la impunidad tiene un nombre: el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Como detalla Wired, este registro temporal (cuya vigencia el Congreso ha extendido hasta 2026) otorga inmunidad penal a los mineros inscritos. Mientras figuren «en proceso de formalización», pueden estar removiendo el lecho del río y usando mercurio —actos prohibidos por ley— sin poder ser procesados como mineros ilegales.

La complicidad política. Aquí entra el factor que explica la situación de forma meridiana: Luis Otsuka, actual gobernador regional de Madre de Dios y exdirigente minero, posee una concesión llamada K-1 que se superpone a la comunidad nativa Tres Islas. Aunque el Poder Judicial ordenó anular estas concesiones para proteger el territorio indígena, fue el propio gobierno regional de Otsuka el que, años después, las reactivó.

El futuro inminente. En la región de Loreto, donde la minería apenas empieza a asomarse con fuerza, la tragedia sanitaria ya está en curso. Según una investigación del Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia), el 79% de los pobladores evaluados en la cuenca del río Nanay ya presentan niveles de mercurio en su organismo superiores al límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Claudia Vega, investigadora de Cincia, lanza una advertencia aterradora: debido a que en Loreto las comunidades comen pescado diariamente, una expansión de la minería los acercaría a padecer niveles de intoxicación masiva comparables al histórico desastre de Minamata en Japón.

A nivel global, la crisis también pasa factura climática. La Pontificia Universidad Católica del Perú subraya que la paralización de la torre de medición en Panguana compromete directamente al proyecto internacional AndesFlux. Sin esta estación clave en el centro del Perú, el mundo pierde datos vitales a largo plazo para entender cómo se forman las lluvias y cómo funciona el ciclo del carbono en toda Sudamérica.

Del río a la sangre. Según Deutsche Welle, la contaminación castiga con mayor crueldad a los pueblos originarios. Julio Cusurichi, dirigente de la organización indígena AIDESEP, denuncia que los estudios en Madre de Dios ya muestran niveles de mercurio muy por encima de lo permitido en mujeres embarazadas, provocando que los niños nazcan con severos problemas neurológicos y malformaciones.

Esta bioacumulación es letal. Como explica Claudia Vega (Cincia), el mercurio arrojado a las aguas se transforma en metilmercurio y entra a la cadena trófica a través de los peces carnívoros. Pero no solo eso: la quema del amalgama de oro libera vapores que viajan kilómetros, envenenando el aire de zonas urbanas y bosques que ni siquiera tienen actividad minera directa.

Detrás de este ecocidio hay un mercado internacional sediento. El medio alemán señala que existe un tráfico multimillonario de mercurio proveniente de México hacia la Amazonía. Además, expone un vacío global: el Convenio de Minamata —diseñado para frenar este tóxico— no prohíbe completamente su comercio, permitiéndolo bajo ciertas excepciones para la minería artesanal, una grieta que es aprovechada sin piedad por las mafias.

Detrás de este ecocidio hay un mercado internacional sediento. El medio alemán señala que existe un tráfico multimillonario de mercurio proveniente de México hacia la Amazonía. Además, expone un vacío global: el Convenio de Minamata —diseñado para frenar este tóxico— no prohíbe completamente su comercio, permitiéndolo bajo ciertas excepciones para la minería artesanal, una grieta que es aprovechada sin piedad por las mafias.

Un daño perpetuo. El mercurio no es un problema que el tiempo pueda borrar. «El mercurio, como es un elemento, no lo destruimos», recuerda Claudia Vega. No desaparece; simplemente viaja, se filtra y se hereda a las próximas generaciones.

El oro que hoy sale de la Amazonía peruana hacia los mercados globales está manchado por algo más denso que el lodo y el mercurio: está manchado de vacíos legales deliberados. El Estado ha creado un monstruo burocrático donde estar inscrito en un registro o tener una concesión en un papel vale más que la salud de una comunidad nativa o el cauce natural de un río. Mientras las leyes sigan protegiendo al destructor antes que al destruido, la Amazonía seguirá perdiendo la batalla.